Para garantizar que los medicamentos e insumos médicos lleguen a quienes los necesitan y evitar que sean desviados al mercado ilegal, la diputada Ernestina Castro Valenzuela propuso implementar un sistema de vigilancia digital integral y endurecer las sanciones contra el robo y la comercialización ilícita de estos productos.
La legisladora morenista plantea reformar la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson) y el Código Penal estatal a fin de fortalecer la transparencia, el control y la seguridad en el manejo de los recursos destinados a la salud.
“La presente iniciativa tiene por objeto establecer un sistema de trazabilidad digital que permitan garantizar el derecho a la salud de los derechohabientes mediante el blindaje digital absoluto de la cadena de suministros de medicamentos, así como prevenir, castigar y sancionar el robo, compra y venta de medicamentos sustraídos en los centros hospitalarios o de salud del estado de Sonora”, explicó.
La iniciativa contempla un Sistema Integral de Trazabilidad Digital que permita supervisar cada etapa de la cadena de suministro, desde las cotizaciones y los procedimientos de compra hasta el almacenamiento, la distribución y la entrega final a los derechohabientes. Para ello, propone una plataforma digital auditable, el uso de códigos bidimensionales para identificar cada producto y el registro en tiempo real de sus movimientos, costos, ubicación, lotes y fechas de caducidad. También plantea generar alertas automáticas ante posibles sobreprecios o modificaciones irregulares en las órdenes de compra.
En el surtimiento de medicamentos, se propone establecer recetas electrónicas vinculadas al expediente clínico, cancelar automáticamente los folios una vez dispensados los fármacos y validar la identidad del derechohabiente o de su familiar autorizado para recibirlos, con el propósito de prevenir duplicidades y entregas fraudulentas.
Asimismo, el proyecto contempla auditorías digitales automatizadas cada mes para detectar discrepancias en los inventarios. La manipulación, omisión o alteración deliberada de los registros sería considerada una falta administrativa grave, sin perjuicio de las responsabilidades penales que correspondan.
En materia penal, Castro Valenzuela propone establecer penas de seis a 12 años de prisión por el robo de medicamentos, vacunas, fórmulas, reactivos, materiales quirúrgicos y equipo médico bajo resguardo, propiedad o administración de instituciones del Sistema Estatal de Salud y organismos de seguridad social, cuando el valor de lo sustraído exceda de 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
La propuesta también contempla aumentar hasta en una tercera parte las penas cuando el robo sea cometido por personal de la institución afectada, además de prever la inhabilitación definitiva para desempeñar cargos públicos y, en los casos señalados por la iniciativa, la suspensión o cancelación de la cédula profesional o licencia técnica. Las mismas penas previstas para ese delito se aplicarían a quienes, con conocimiento del origen ilícito de los productos, los adquieran, resguarden, posean, transporten, distribuyan o comercialicen, incluso mediante plataformas digitales y redes sociales.
La diputada destacó que estas medidas buscan proteger los recursos públicos destinados a la atención médica, fortalecer la rendición de cuentas y evitar que el robo o el manejo irregular de medicamentos afecte el acceso de la población a los tratamientos que necesita.
