Al emitir su posicionamiento por el dictamen de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2025 en el Congreso del Estado, la diputada Gabriela Félix Bojórquez denunció que las irregularidades y recursos observados entre los ayuntamientos y los entes estatales alcanzan una cifra superior a los 1,900 millones de pesos, lo que representa un aumento en comparación con los 830 millones de pesos observados en 2024.
La legisladora de Movimiento Ciudadano subrayó que, si bien la labor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) permite conocer el manejo financiero del estado y de los 72 municipios, el ciclo de rendición de cuentas se queda a medias al no regresar al Poder Legislativo información detallada sobre quiénes solventaron, quiénes fueron sancionados o qué medidas aplicaron las contralorías, el ISAF o la Secretaría Anticorrupción.
«La rendición de cuentas que tenemos gracias al trabajo de servidores públicos que auditan se va pulverizando: pasa por el Congreso, se somete a votación en Comisión y en el Pleno, pero después de ahí, se distribuye a contralorías y dependencias responsables para el seguimiento de solventaciones o en su caso sanciones, pero es un ciclo que en este Congreso no queda cerrado», aseveró la diputada.
En cuanto al gasto ejercido por los ayuntamientos, Félix Bojórquez detalló que de inicio 55 municipios aprobaron la revisión y 17 resultaron reprobados, reduciéndose éstos a 8 (Bácum, Benjamín Hill, Huatabampo, Naco, Oquitoa, Pitiquito, Sáric y Yécora) debido a que el resto, indicó el ISAF, solventaron antes de la dictaminación final en la comisión de Fiscalización. Es de destacar que municipios como Bácum, Naco, Oquitoa, Sáric y Yécora reprobaron tanto en 2024 como en 2025.
Los datos del informe revelan un incremento alarmante del dinero observado en los municipios de un año a otro, pasando de aproximadamente 580 millones de pesos en 2024 a más de 1,114 millones de pesos en 2025.
En el rubro municipal, las auditorías detectaron que el gasto sin comprobar supera los 132 millones de pesos distribuidos en 49 municipios, destacando montos importantes en: Hermosillo, Puerto Peñasco, Baviácora, Nacozari, Mazatán, Huatabampo, Bacerac, Santa Ana, Nogales, Benjamín Hill y Navojoa.
A esto se suman casi 25 millones de pesos en gasto no autorizado detectados en 43 ayuntamientos.
Asimismo, se registraron violaciones a la Ley de Disciplina Financiera por más de 720 millones de pesos en 48 municipios, principalmente por conceptos de servicios personales y balances presupuestales no sostenibles.
De igual forma, se documentaron observaciones en materia de seguridad social y nómina por más de 33 millones de pesos en al menos 24 municipios, debido a omisiones de retenciones y a personal que labora sin seguridad social.
En el ámbito estatal, con un presupuesto superior a los 100 mil millones de pesos ejercidos en 2025, seis entes públicos reprobaron la revisión del ISAF: la Comisión Estatal del Agua (CEA), el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP), el Fideicomiso Puente Colorado, el ISSSTESON, Radio Sonora y la Universidad de Sonora.
La CEA acumuló dos años consecutivos de reprobación. Posteriormente a Radio Sonora y CECOP, pasaron a la categoría de aprobados, al señalar el ISAF que habían solventado sus observaciones.
La suma de las observaciones estatales superó los 784 millones de pesos, un incremento de tres veces más en comparación con los 250 millones registrados en 2024.
Entre las anomalías más graves destacan bienes inmuebles no localizados o con reducción de valor por 321 millones de pesos, 49 millones de pesos no comprobados por pagos a ISSSTESON, y observaciones por falta de contabilidad gubernamental adecuada en dependencias como la CEDES, la cual recauda más de 20 millones de pesos anuales mediante aportaciones voluntarias para el bienestar animal sin un seguimiento transparente.
«Será necesario legislar al respecto; de lo contrario, el propósito del Poder Legislativo es mero discurso frente al cuidado del dinero público. El ciclo de la fiscalización debe concluir regresando a este Congreso información sobre las acciones de solventación y las medidas legales para quienes no lo hicieron. De lo contrario, solo es un tema que dejamos ir cada año con una sensación del deber cumplido, cuando no es así», concluyó Gabriela Félix.
