El Congreso del Estado de Sonora aprobó por mayoría, en sesión ordinaria urgente, la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer el requisito de nacionalidad única para aspirar a la Presidencia de la República, a las gubernaturas de las entidades federativas y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Ante el Pleno, la diputada Azalia Guevara Espinoza (PVEM) dio lectura al contenido de la reforma remitida por el Congreso de la Unión, que establece como requisito para quienes aspiren a ocupar alguno de estos cargos ser mexicanos por nacimiento y no contar con otra nacionalidad; en caso de tenerla, deberán renunciar a ella antes de su registro como candidatas o candidatos.
Expuso que, durante el ejercicio del cargo, las personas titulares no podrán adquirir, solicitar o invocar una nacionalidad extranjera, utilizar pasaporte o documento de identidad extranjero, ejercer derechos políticos ante otro Estado, ni solicitar protección diplomática de un gobierno extranjero, con el propósito de establecer condiciones objetivas y verificables tanto al momento del registro como durante el ejercicio del cargo.
Señaló que la reforma será aplicable a partir de las elecciones de 2028 y no aplicará a quienes se encuentren en funciones al momento de su entrada en vigor; asimismo, explicó que se establece un plazo de 90 días para que el Congreso de la Unión realice las adecuaciones correspondientes a la legislación en materia de nacionalidad y electoral, así como para que las entidades federativas armonicen sus constituciones y leyes electorales.
El diputado David Figueroa Ortega (PVEM) y la diputada Alejandra López Noriega, integrante de la 64 Legislatura, respaldaron la reforma al referir que establece las condiciones para ejercer los cargos en mención y no priva de sus derechos a las personas con doble nacionalidad.
Las diputadas Gabriela Danitza Félix Bojórquez (MC) e Iris Fernanda Sánchez Chiu (PRI) manifestaron su voto en contra, al considerar que la reforma restringe los derechos político-electorales y discrimina a las personas mexicanas con múltiples nacionalidades.
