La investigación por el multihomicidio ocurrido el 1 de septiembre en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, avanzó con la detención y posterior vinculación a proceso de Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, señalados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por su presunta participación en los hechos en los que murieron Jonathan Meléndez, tecladista y productor de Camilo Séptimo; su esposa Ana Paula; su hija de tres años, y Aleyda Romero, quien trabajaba para la familia.
Una jueza de control determinó inicialmente prisión preventiva para ambos imputados y, posteriormente, resolvió vincularlos a proceso. La Fiscalía obtuvo además un periodo de cuatro meses para continuar con la investigación complementaria.
La relación entre Jonathan Meléndez y uno de los imputados
De acuerdo con la investigación presentada por las autoridades, Diego Sebastián “N” tenía una relación comercial con Jonathan Meléndez, vínculo que presuntamente le habría permitido ingresar al fraccionamiento Grand Viure, donde se encontraba el domicilio de la familia.
La Fiscalía sostiene que esta relación fue relevante para reconstruir la manera en que ocurrieron los hechos. Según los datos expuestos durante las audiencias, Gerardo “N” habría participado en el traslado y otras actividades relacionadas con el crimen.
La Fiscalía presentó 60 datos de prueba
Durante la audiencia inicial, que se prolongó durante varias horas, el Ministerio Público presentó 60 datos de prueba, entre ellos dictámenes periciales y testimonios.
Entre los elementos considerados por la autoridad judicial se encuentran registros de cámaras de seguridad y declaraciones de personas relacionadas con la investigación. Posteriormente, una jueza consideró que existían elementos suficientes para que los dos imputados continuaran sujetos al proceso penal.
La defensa, por su parte, cuestionó aspectos relacionados con la detención y sostuvo que una persona acusada no puede ser considerada responsable mientras no exista una sentencia.
La posible línea económica
Una de las principales líneas de investigación apunta a un posible móvil económico.
La Fiscalía ha señalado que Jonathan Meléndez y Diego Sebastián “N” mantenían negocios relacionados con la administración y renta de inmuebles. También se ha informado sobre una supuesta solicitud de dinero y sobre información relacionada con activos en criptomonedas.
De acuerdo con información citada por El País, un familiar de Meléndez declaró que existía una memoria con criptomonedas cuyo valor habría sido de aproximadamente tres millones de pesos y que no fue localizada. Esta versión forma parte de los elementos incorporados a la investigación, no de una determinación judicial sobre el móvil definitivo.
La cronología bajo investigación
Las autoridades también reconstruyeron mediante cámaras y testimonios los movimientos registrados durante la tarde del 1 de septiembre.
La investigación sostiene que Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” llegaron al fraccionamiento en un automóvil y que posteriormente Diego ingresó al edificio donde se encontraba el departamento de Meléndez.
Más tarde, Jonathan regresó al inmueble acompañado por un amigo. Según el testimonio presentado durante la investigación, el músico le habría pedido que permaneciera atento y solicitara ayuda si dejaba de responder sus mensajes.
Las cámaras registraron posteriormente la salida de los dos imputados del fraccionamiento. Estos elementos fueron incorporados al expediente y considerados durante las audiencias judiciales.
Las víctimas y el sobreviviente
Además de Jonathan Meléndez, en el domicilio fueron localizados sin vida Ana Paula, quien tenía cuatro meses de embarazo; Sofía, de tres años, y Aleyda Romero, de 21 años.
Un niño de seis años, hijo de Jonathan y Ana Paula, sobrevivió al ataque después de esconderse dentro del inmueble hasta la llegada de las autoridades. El caso también incluyó la muerte del perro de la familia.
El proceso judicial continúa
Con la vinculación a proceso, el caso entra en una nueva etapa. La Fiscalía contará con el periodo de investigación complementaria autorizado por la jueza para reunir y fortalecer los elementos que considere pertinentes.
La situación jurídica de los acusados deberá resolverse conforme avance el procedimiento. La vinculación a proceso no equivale a una sentencia de culpabilidad, por lo que ambos mantienen sus derechos procesales mientras continúa el juicio.
El caso permanece bajo investigación de las autoridades del Estado de México, mientras la defensa de los imputados mantiene su postura de cuestionar diversos aspectos de la acusación y del procedimiento de detención.
