Con el propósito de fortalecer la seguridad vial en Sonora y prevenir accidentes que han cobrado la vida de decenas de personas, la diputada Iris Fernanda Sánchez Chiu, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una iniciativa para reformar el artículo 103 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado, con la cual se busca establecer revisiones obligatorias tanto a los vehículos del transporte público y de personal, como a los operadores que los conducen.
La propuesta plantea que el Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Sonora (Imtes) tenga la obligación de diseñar, implementar y verificar un programa anual de revisión de todas las unidades y conductores, verificando que cumplan con las regulaciones de seguridad, mantenimiento y condiciones de salud necesarias para la prestación del servicio.
Sonora ocupa el sexto lugar nacional en accidentes viales, según datos del INEGI, y durante 2024, se registraron 284 muertes por hechos de tránsito en el estado, de los cuales 129 fueron conductores, 36 pasajeros, 75 peatones y 12 ciclistas.
Asimismo, en los últimos 10 años en Sonora, se estima que más de 30 jornaleros agrícolas han fallecido y más de 250 han resultado lesionados en accidentes de transporte de personal, según información publicada en un reportaje del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.
“Cada usuario del transporte público o de personal merece saber que el vehículo donde viaja está en buenas condiciones y que el conductor está en optimo estado de salud y capacitado. La seguridad vial no debe depender de la suerte”, expresó Iris Sánchez.
Además, la legisladora priista subrayó que la iniciativa señala que los resultados de dichas revisiones deberán hacerse públicos en las páginas electrónicas del Gobierno del Estado y del Imtes, garantizando transparencia y el derecho de los usuarios a conocer el estado de los vehículos en los que se trasladan.
Sánchez Chiu indicó que el derecho a la movilidad segura está reconocido en el artículo cuarto de la Constitución federal, por lo que el Estado debe garantizar que los servicios de transporte público operen bajo estándares reales de seguridad, mantenimiento y salud.
“Con esta reforma buscamos prevenir tragedias, fortalecer la confianza ciudadana y proteger la vida de quienes todos los días se trasladan a sus centros de trabajo”, concluyó.
