En una jornada inédita para el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) celebró este lunes la primera audiencia pública de su nueva integración, un ejercicio sin precedentes enfocado en la acción de inconstitucionalidad 182/2024, promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán.
El tema central gira en torno al alcance del derecho a la consulta previa de las personas con discapacidad en los procesos legislativos, un asunto que podría redefinir el criterio vigente desde 2016, mediante el cual la Corte había considerado obligatoria la invalidez de cualquier norma aprobada sin dicho procedimiento de consulta.
El ministro presidente Hugo Aguilar inauguró la sesión en el edificio sede de la Corte, calificando el encuentro como “una jornada histórica de diálogo y aprendizaje mutuo”. Aguilar destacó la participación de más de 300 personas inscritas, entre representantes de organizaciones, activistas y ciudadanos que viven con discapacidad.
“Es un honor recibirles. Esta es la primera audiencia pública de la nueva integración de la Corte, y buscamos que sea un espacio de intercambio que nos permita mejorar las condiciones de vida de todas y todos ustedes”, señaló el ministro presidente en su mensaje inicial.
Durante la apertura, las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, María Estela Ríos, Sara Irene Herrerías y el ministro Irving Espinosa Betanzo coincidieron en la trascendencia del ejercicio, al reconocer que por primera vez el máximo tribunal escucha directamente a las personas con discapacidad antes de emitir una resolución constitucional.
La ministra Lenia Batres, ponente del caso, explicó que la acción de inconstitucionalidad fue presentada luego de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán impugnara reformas a su ley orgánica, al considerar que se omitió consultar a las personas con discapacidad antes de aprobar disposiciones sobre visitas de supervisión a recintos psiquiátricos y albergues.
Batres precisó que la Corte decidió el pasado 7 de octubre abandonar el criterio que hacía obligatoria la invalidez automática de leyes sin consulta, luego de observar que en los últimos años se habían anulado 50 disposiciones federales y locales, de las cuales 47 ampliaban derechos.
Sin embargo, la ministra reconoció que tras dialogar con más de 25 organizaciones, el Pleno acordó “matizar” la propuesta inicial, para evitar que el nuevo criterio redujera espacios de participación o debilitara la garantía de consulta.
Batres explicó que la discusión se centra en dos puntos fundamentales:
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Quién puede promover acciones de inconstitucionalidad por falta de consulta.
La propuesta plantea que los cinco sujetos legitimados —Ejecutivo federal, minorías legislativas, comisiones de derechos humanos, partidos políticos y la Fiscalía General— solo puedan hacerlo a solicitud expresa de personas con discapacidad, respaldadas por un mínimo de 30 firmas (o 15, una vez entre en vigor el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares). -
Qué normas deben considerarse sujetas a consulta o invalidez.
El proyecto sugiere excluir de esta obligación a las disposiciones constitucionales y convencionales, así como a las leyes que sean una réplica literal de estos instrumentos, por no ser susceptibles de impugnación.
“No se trata de restringir derechos, sino de precisar los alcances de la consulta legislativa y fortalecer la participación efectiva de las personas con discapacidad en las decisiones que les afectan”, subrayó la ministra ponente.
Las ministras Esquivel y Ríos destacaron que la audiencia marca un “paso histórico” hacia una justicia más inclusiva, mientras que el ministro Irvin Espinosa enfatizó que el objetivo es “garantizar la dignidad y plenitud de derechos de todas las personas”.
En un tono de reconocimiento, Sara Irene Herrerías agradeció la presencia de representantes provenientes de distintas entidades del país:
“Tengan la seguridad de que escucharemos cada una de sus palabras con atención y respeto. Su voz será parte de la decisión que adopte este Tribunal Constitucional.”
Con esta audiencia, la Suprema Corte busca sentar un precedente en materia de participación ciudadana y derechos de las personas con discapacidad, al incorporar sus testimonios y argumentos directamente en el proceso deliberativo.
La sesión, que se extenderá durante tres días, será transmitida públicamente y se espera que el Pleno emita su resolución definitiva antes de finalizar el año.
En palabras de la ministra Batres, este ejercicio inaugura “una nueva forma de deliberar en la justicia mexicana, más abierta, democrática y consciente de la diversidad humana”.
