El Congreso del Estado de Sonora aprobó la convocatoria para integrar el Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda de Personas y, con modificaciones, un dictamen que establece la obligación de las y los regidores de presentar informes anuales de actividades. Además, turnó a comisiones iniciativas relacionadas con el robo de medicamentos en el Isssteson, obligaciones de transparencia, remuneración de prácticas profesionales y servicio social, licencias de alcoholes y sustentabilidad en libros de texto gratuitos.
El diputado René Edmundo García Rojo (PT) dio lectura a la convocatoria pública presentada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para integrar el Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda de Personas, mediante la selección de cinco integrantes: tres representantes de familiares de personas desaparecidas, una persona especialista en la materia y una representante de organizaciones de la sociedad civil con experiencia en este ámbito.
La convocatoria establece que el registro iniciará el 28 de octubre y permanecerá abierto durante 30 días hábiles. El dictamen de designación deberá presentarse ante el Pleno a más tardar el 5 de febrero de 2027. Las personas seleccionadas ocuparán el cargo durante tres años, sin posibilidad de reelección.
El diputado Norberto Barraza Almazán presentó un dictamen que establece la obligación de las y los regidores de los 72 ayuntamientos de Sonora de presentar, durante agosto y septiembre de cada año, un informe individual de actividades y gestión ante sus respectivos cabildos, así como difundirlo a través de los canales oficiales de comunicación de cada ayuntamiento.
La diputada Ernestina Castro Valenzuela (Morena) propuso establecer un sistema digital de trazabilidad de medicamentos e insumos médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), desde su adquisición hasta su distribución, con mecanismos de control para detectar irregularidades y prevenir el desvío y la comercialización ilegal de estos productos.
Por su parte, el diputado David Figueroa Ortega (PVEM) planteó ampliar las obligaciones específicas de transparencia del Tribunal Estatal Electoral de Sonora, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), con el propósito de facilitar el acceso ciudadano a información sobre sus funciones y resultados.
El diputado Jesús Manuel Scott Sánchez (MC) presentó una iniciativa para establecer una remuneración mínima mensual equivalente a una Unidad de Medida y Actualización (UMA) para quienes realizan prácticas profesionales o prestan servicio social.
Enseguida, el diputado Omar Francisco del Valle Colosio (PVEM) propuso modificaciones a la legislación en materia de bebidas alcohólicas para simplificar los trámites de licencias y ofrecer alternativas de pago a las micro, pequeñas y medianas empresas, sin eliminar la supervisión estatal.
A nombre del grupo parlamentario de Nueva Alianza Sonora, el diputado César Adalberto Salazar López propuso impulsar ante el Congreso de la Unión una reforma a la Ley General de Educación para incorporar criterios de sustentabilidad, reciclaje y economía circular en la producción y gestión de libros de texto gratuitos y otros materiales educativos.
Las iniciativas se turnaron a las comisiones de Anticorrupción, Transparencia, Educación y Cultura, y Hacienda para su análisis y, en su caso, dictaminación.
La presidenta de la Mesa Directiva convocó a sesión ordinaria para el jueves 29 de octubre, a las 10:00 horas.
