El Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI) iniciará el Proceso de Consulta para la conformación e integración de los Consejos Regionales de Pueblos Indígenas y Afromexicano, con cobertura en ocho regiones y participación de 155 municipios, en cumplimiento del artículo 100 de la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Estado de Puebla, como parte de la atención y procuración que impulsa el gobernador Alejandro Armenta Mier para garantizar el reconocimiento, participación y bienestar de los pueblos originarios, en sintonía con la directriz de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de fortalecer los derechos, la inclusión y el desarrollo de las comunidades indígenas y afromexicanas.
La directora general del IPPI, Apolinaria Martínez Arroyo, informó que el proceso tendrá cobertura en ocho regiones y contempla la participación de 155 municipios, de los cuales 58 son indígenas, 17 cuentan con presencia indígena y 142 tienen población indígena dispersa. Destacó que las comunidades decidirán conforme a sus sistemas normativos internos, con respeto a su libre determinación, autonomía, identidad y formas propias de organización.
Explicó que el proceso se desarrollará mediante etapas sucesivas de convocatoria, información y consulta, a fin de garantizar una participación informada, ordenada y respetuosa de los derechos colectivos. La convocatoria será publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, mientras que el protocolo, calendario, materiales informativos y demás documentos estarán disponibles en los canales institucionales del IPPI. La integración de los Consejos Regionales partirá de las asambleas comunitarias, donde se designarán representantes propietarios y suplentes que posteriormente participarán en las asambleas municipales consultivas.
Con este mecanismo, la representación regional no será asignada por el Gobierno del Estado ni por el Instituto, sino que será resultado de las decisiones adoptadas por las propias comunidades, lo que permitirá fortalecer la legitimidad y coordinación institucional en los territorios.
El gobierno estatal refrenda así su compromiso con la legalidad, la inclusión y el bienestar de los pueblos indígenas y afromexicanos, en congruencia con una política pública que reconoce su derecho a participar en las decisiones que inciden en su desarrollo y vida comunitaria.
