Ante la información difundida recientemente por autoridades de los Estados Unidos respecto a funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya, la Fiscalía General de la República (FGR) ha emitido un posicionamiento oficial que desestima la viabilidad inmediata de las solicitudes de detención debido a graves deficiencias probatorias y procedimentales por parte del país vecino.
A través del Dr. Ulises Lara López, Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, el gobierno federal dejó claro que la actuación de México se apegará estrictamente a la legalidad, la soberanía nacional y la presunción de inocencia, destacando los siguientes puntos clave que desmienten la inminencia de cualquier acción penal contra el mandatario estatal:
1. Inexistencia de pruebas contundentes
La FGR subrayó que, de acuerdo con la legislación mexicana y el tratado bilateral de extradición, no basta con emitir una acusación para proceder con una detención. La autoridad federal fue categórica al precisar que la solicitud enviada por el gobierno estadounidense «no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados». Sin datos de prueba reales que infieran la comisión de un delito, no existe fundamento legal en México para solicitar órdenes de aprehensión.
2. Violación a la confidencialidad por parte de EE. UU.
La Fiscalía evidenció una grave contradicción y falta a los protocolos internacionales por parte de las autoridades estadounidenses. Mientras que la propia solicitud de EE. UU. exigía al Gobierno de México mantener estricta reserva y no divulgar la información —advirtiendo que hacerlo iría en detrimento de los procedimientos penales—, fueron las propias autoridades del país vecino quienes filtraron el caso al dominio público. La FGR recordó que esto representa una violación directa a la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, la cual mandata que esta documentación debe manejarse con carácter estrictamente confidencial.
3. Inmunidad procesal y respeto a la soberanía
La FGR recordó que la figura del gobernador del estado está protegida por la Constitución. La legislación mexicana establece claramente que, para proceder penalmente contra un mandatario estatal, es requisito indispensable iniciar primero un juicio de procedencia para retirar la inmunidad procesal (fuero). Saltarse este paso representaría una violación al Estado de Derecho.
Próximos pasos
La Fiscalía General de la República iniciará una investigación paralela para recabar información propia, pero reiteró que su obligación primordial es proteger los derechos y garantías inalienables de las personas requeridas.
El posicionamiento de la FGR respalda el derecho al debido proceso de los funcionarios señalados y concluye con una máxima que regirá el actuar del gobierno mexicano frente a las presiones extranjeras: «Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie.»
